“Rebelión en la granja”
de George Orwell
Esta obra relata la historia de unos animales viviendo en una granja, quienes cansados del abuso de los humanos deciden armar una rebelión.
“…. Luego Snowball (que era el que mejor escribía) tomó un pincel entre los dos nudillos de su pata delantera, tachó «Granja Manor» de la traviesa superior del portón y en su lugar pintó «Granja Animal». Ése iba a ser, de ahora en adelante, el nombre de la granja. Después volvieron a los edificios, donde Snowball y Napoleón mandaron traer una escalera que hicieron colocar contra la pared trasera del granero principal. Entonces explicaron que, mediante sus estudios de los últimos tres meses, habían logrado reducir los principios del Animalismo a siete Mandamientos. Esos siete Mandamientos serían inscritos en la pared; formarían una ley inalterable por la cual deberían regirse en adelante, todos los animales de la «Granja Animal». Con cierta dificultad (porque no es fácil para un cerdo mantener el equilibrio sobre una escalera), Snowball trepó y puso manos a la obra con la ayuda de Squealer que, unos peldaños más abajo, le sostenía el bote de pintura. Los Mandamientos fueron escritos sobre la pared alquitranada con letras blancas, y tan grandes, que podían leerse a treinta yardas de distancia. La inscripción decía así:
LOS SIETE MANDAMIENTOS
1. Todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo.
2. Todo lo que camina sobre cuatro patas, o tenga alas, es un amigo.
3. Ningún animal usará ropa.
4. Ningún animal dormirá en una cama.
5. Ningún animal beberá alcohol.
6. Ningún animal matará a otro animal.
7. Todos los animales son iguales.
(…) Todos los animales asintieron con una inclinación de cabeza demostrando su total conformidad y los más inteligentes empezaron enseguida a aprenderse de memoria los Mandamientos.”i
Al avanzar la historia, los animales se dan cuenta que las cosas están cambiando en la “Granja Animal”, cuando los cerdos, quienes los habían empujado a la rebelión, empiezan a concentrar cada vez más y más poder. Es así que de a poco los cerdos van cambiando los siete mandamientos según sus conveniencias, como por ejemplo: “Ningún animal matará a otro animal sin motivo”, “Ningún animal beberá alcohol en exceso”, hasta llegar al punto de sostener “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
Claramente se observa en este relato, la violación al principio de legalidad en un sistema jurídico dado. Por un lado, se burla el Principio de estricta legalidad al advertirse la ausencia de una meta norma que condicione la validez de las normas vigentes a aquella. Pues, los mandamientos en la granja cambiaban constante e improvisadamente sin ningún principio rector, o norma superior que garantizara un mínimo de derechos.
Por el otro, tampoco es respetado el principio de mera legalidad, ya que se advierten reglas amplias y no se enuncian las condiciones de existencia de las normas jurídicas (o “mandamientos”) establecidas.
En efecto, la ley penal, como tal, debe ceñirse a una serie de exigencias que permitan que el principio de legalidad adquiera completa virtualidad como garantía limitadora del poder estatal. Estos requerimientos se vinculan con la necesidad de que la ley penal como tal revista los caracteres de previa, escrita, formal y estricta. Así, por ejemplo en el caso “Mouviel”, la Corte resalta la importancia del respeto por el Principio de División de Poderes , y de que sea una ley previa y formal la que describa la conducta prohibida y su sanción, al decir que “toda nuestra organización política y civil reposa en la ley. Los derechos y obligaciones de los habitantes así como las penas de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca, y que la configuración de un delito, por leve que sea, así como su represión es materia que hace a la esencia del Poder Legislativo y escapa de la órbita de las facultades ejecutivas.”ii
Por su parte, la Corte Interamericana, en su OC N° 6/86, define el vocablo “leyes” del art. 30 de la CADH como “norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes”. A saber, se apunta a que la ley, como instrumento que regula el ejercicio de los derechos protegidos por la CADH, revista un carácter formal, y surja como el resultado de un procedimiento de elaboración llevado a cabo por el Poder Legislativo, de conformidad con las precisiones de la Carta Magna de cada Estado parte.
En el extracto de la novela no advertimos un poder o liderazgo elegido de manera democrática, sino más bien una imposición de mando por parte de un grupo -los cerdos- sobre los demás animales de la granja. En regímenes despóticos o totalitarios como se plantea en el relato, resulta harto complejo que se respete la observancia del principio de legalidad, ya que en estas formas de gobierno las decisiones se adoptan en perjuicio de las libertades cívicas, y en pos del avance del poder estatal.
Elegimos una novela, para hacerlo algo más entretenido. Pero, bien sabemos, no era necesario… pues nos sobran ejemplos a lo largo de la Historia Mundial de prácticas similares donde el principio de legalidad (y tantos otros principios y derechos) fueron burlados por gobiernos no democráticos. Y aún cuando nos parezca irónico, es también en democracia donde el principio de legalidad encuentra graves problemas para su consecución. No olvidemos las cuestiones de las llamadas leyes penales en blanco, los tipos penales que describen conductas en forma vaga o ambigua, los decretos y edictos de contenido legislativo que dicta el PEN , sin observar los requisitos que impone la CN para que exista tal delegación de facultades por parte del Poder Legislativo, etc., y demás planteos que surgen a la hora de examinar si la ley penal se adecúa a las exigencias mencionadas precedentemente para ser tal.
Vinculado a los temas y en alusión a la fecha, queríamos finalizar con una breve referencia a las llamadas “leyes de la dictadura”, y al caso puntual de una de ellas. Centenares de leyes fueron dictadas durante el último gobierno militar en Argentina, muchas de las cuales aún permanecen vigentes. En el ámbito penal, sin ir más lejos, nos enfrentamos a las controversias jurídicas y sociales que origina el actual Régimen Penal Juvenil. En el marco del Derecho penal, este régimen se plasma en la Ley 22.278iii, sancionada en 1980 -modificada a través de las leyes 22.803, 23.264 y 23.742-, y conforme a lo que señalan algunos autores, su texto está impregnado de una fuerte ideología tutelariv. FRIELEv dice que este régimen vulnera el Principio de legalidad, dado que las leyes de este sistema incriminan, en ocasiones, estados personales del menor y no conductas tipificadas en la ley penal (así, por ejemplo, los arts. 1° y 2° de la ley confieren al juez la facultad de disponer definitivamente del menor, si a partir de los estudios que se le realizan surge que se encuentra “abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta”); otras garantías constitucionales cercenadas en el marco de este régimen, según este autor, serían la igualdad ante la ley, la garantía del doble conforme, el principio de reserva, el juicio previo, la inviolabilidad de la defensa en juicio, el principio de inocencia, entre otras. Por su parte, Gastón Chiller sostiene que “La modificación del régimen penal juvenil debe respetar ciertos principios consagrados en los tratados internacionales que obligan al Estado argentino y cuyo incumplimiento singulariza al país en la región. Entre ellos:a).El debido proceso, con mayores niveles de garantías procesales que el actual sistema penal de adultos; b).La privación de la libertad como último recurso, y sólo en los casos más graves; c).Una escala penal diferenciada respecto a la de los adultos; d).La privación de libertad en lugares especializados, con asistencia de profesionales que atiendan las posibles patologías y/o adicciones asociadas y que garanticen niveles de educación adecuados.”vi Argentina no cuenta con un régimen penal para jóvenes en infracción con la ley penal. Si bien el Senado argentino en 2009 había otorgado media sanción al Proyecto de Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que entre otras cosas, fijaba la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años, en noviembre de 2010 la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitió dictamen de minoría apoyando la decisión del Senado. Por su parte, se emitió un dictamen de mayoría de dicha comisión sobre otro proyecto acordado entre los legisladores de los partidos GEN, Proyecto Sur y Frente para la Victoria, respecto de un sistema penal específico para los menores de entre 16 y 18 años, orientado a reemplazar la ley de la Dictadura, y en el que se hace hincapié en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, promocionando su educación y reinserción en el seno familiar. Por ahora, la cuestión se encuentra pendiente de resolución.
TRIUNVIRATO N° 3.
iv LOPEZ, Florencia, MERCURIO, Ezequiel; Cerebro y Adolescencia: Implicancias Jurídico Penales; publicado en “Comunicaciones Forenses 2009”; Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires; Buenos Aires; 2010; pág. 18.
"Lo que son definen lo que tuvieron que hacer para seguir siéndolo". 
