Carlos Varela y Ab en una audiencia ante la CIDH
sobre el derecho al recurso (art 8.2.h) - Solo audio
¿Recuerdan que la —desorganizada— clase pasada hablamos de federalismo, soluciones amistosas y reformas legislativas? Bueno, aquí les quería mostrar un ejemplo de los problemas que se generan en la tramitación de casos por nuestra organización federal.
Creo que yo tenía el caso más viejo de derecho a recurrir la sentencia penal condenatoria (art. 8.2.h) ante la Comisión y, después de muchos años, a alguien se le ocurrió amontonarlo por conexidad con otros 20 o 21 casos muchos más jóvenes. Creo que a mi caso aún le debo la fiesta de quince a pesar de que ya pasó los quince años...
De todos los peticionarios, nos encontramos allí con varios conocidos litigantes ante el sistema interamericano: a) la Defensoría General de la Nación; b) el Defensor General de Provincia de Buenos Aires; c) Liliana Tojo y Sergio Fuenzalida de CEJIL; d) Carlos Varela, prestigioso abogado mendocino; y e) vuestro querido profesor.
Con este grupo de personas e instituciones, en el marco del proceso de solución amistosa, propusimos una reforma legal que consistía, básicamente, en una ley marco que permitiera garantizar no solo en el ámbito nacional sino también en las jurisdicciones provinciales, una ley marco que permitiera establecer criterios mínimos de reglamentación del derecho a recurrir la sentencia penal condenatoria.
El principial problema que tuvimos fue, precisamente, la interpretación que se hace de nuestro sistema federal, pues se supone que los códigos procesales son competencia exclusiva de las legislaturas provinciales. Luego de la presentación de nuestro primer borrador, la discusión y la actitud del Gobierno frustró el posible consenso sobre este proyecto.
sobre el derecho al recurso (art 8.2.h) - Solo audio
¿Recuerdan que la —desorganizada— clase pasada hablamos de federalismo, soluciones amistosas y reformas legislativas? Bueno, aquí les quería mostrar un ejemplo de los problemas que se generan en la tramitación de casos por nuestra organización federal.
Creo que yo tenía el caso más viejo de derecho a recurrir la sentencia penal condenatoria (art. 8.2.h) ante la Comisión y, después de muchos años, a alguien se le ocurrió amontonarlo por conexidad con otros 20 o 21 casos muchos más jóvenes. Creo que a mi caso aún le debo la fiesta de quince a pesar de que ya pasó los quince años...
De todos los peticionarios, nos encontramos allí con varios conocidos litigantes ante el sistema interamericano: a) la Defensoría General de la Nación; b) el Defensor General de Provincia de Buenos Aires; c) Liliana Tojo y Sergio Fuenzalida de CEJIL; d) Carlos Varela, prestigioso abogado mendocino; y e) vuestro querido profesor.
Con este grupo de personas e instituciones, en el marco del proceso de solución amistosa, propusimos una reforma legal que consistía, básicamente, en una ley marco que permitiera garantizar no solo en el ámbito nacional sino también en las jurisdicciones provinciales, una ley marco que permitiera establecer criterios mínimos de reglamentación del derecho a recurrir la sentencia penal condenatoria.
El principial problema que tuvimos fue, precisamente, la interpretación que se hace de nuestro sistema federal, pues se supone que los códigos procesales son competencia exclusiva de las legislaturas provinciales. Luego de la presentación de nuestro primer borrador, la discusión y la actitud del Gobierno frustró el posible consenso sobre este proyecto.
1 comentario:
Al leer esto no pude dejar de pensar en una causa del practico (con detenidos desde mediados del 2008) , y todo el tiempo perdido ante la manifiesta inoperancia de CASACION. El recurso fue concedido en abril del 2010, desde esa fecha pasamos una vez por semana para ver cuando fijaran audiencia. CADA SEMANA solo obtenemos como respuesta que nos lo notificaran por cedula pero no saben para cuando sera.
Esperemos que el reclamo ante la CIDH, pueda conmover a los jueces de casacion y le den celeridad al tramite de los recursos garantizando el derecho al recurso y el doble conforme (ya que el retardo en la administracion de la justicia NO ES JUSTICIA)
Gonzalez
Publicar un comentario